Víctimas acusan violencia, daños a propiedad y amenazas con armas blancas; existe denuncia formal ante la Fiscalía de Yucatán
De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.
Lo que comenzó como un conflicto por la posesión de terrenos en la comisaría de San Diego Tixcacal ha derivado en una serie de denuncias por presunto despojo, daños a propiedad privada, amenazas y posible delincuencia organizada.
Vecinos de la zona señalan la operación de un grupo que se autodenomina “Herederos Ejidales”, al que acusan de vender terrenos ejidales y posteriormente regresar para reclamarlos mediante actos de intimidación y violencia.
Uno de los afectados es el abogado Víctor Fuentes, quien denunció que su predio fue invadido y parte de su construcción destruida pese a contar con documentos que acreditan la posesión del terreno.
Destrucción de bardas y amenazas
De acuerdo con el testimonio del afectado, el conflicto se intensificó cuando comenzó a recibir llamadas y mensajes de presión relacionados con el predio.
Ante la insistencia, decidió presentar una denuncia formal, lo que derivó en un proceso de mediación en la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Sin embargo, señaló que la persona denunciada se negó a llegar a cualquier acuerdo y la carpeta de investigación continuó abierta.
Según relató, días después del proceso se emitió un documento del Registro Agrario Nacional que acreditaba a varios solicitantes -entre ellos él- como avecindados y posesionarios de los terrenos, paso previo a la titulación formal.
A pesar de ello, el pasado viernes por la mañana varios vecinos le informaron que un grupo de personas había ingresado a su predio y destruido parte de la construcción.
“Me tumbaron cerca de 30 metros de bardas y descolgaron la reja de acceso”, relató el denunciante.
Señalan a grupo familiar como presuntos responsables
De acuerdo con testimonios y material audiovisual difundido entre vecinos, el grupo que protagonizó los hechos estaría encabezado por una estructura familiar que controla la operación de los presuntos despojos.
Entre los nombres señalados por los denunciantes se encuentran:
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Teresita Rodríguez, conocida como “La Mocha”, identificada por los vecinos como la principal dirigente del grupo.
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Aurelio “N”, señalado como el presunto operador financiero y estratégico.
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Alfonso Rodríguez Dzib, hermano de la comisaria, quien presuntamente participó en los actos de demolición.
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Roger Javier Rodríguez, sobrino de la líder, quien habría sido captado portando un machete para intimidar a los propietarios.
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Dulce Mena, esposa de Roger Javier, mencionada por testigos como participante en los hechos.
En videos que circulan entre vecinos y redes sociales, se observa a varias personas derribando estructuras y presuntamente amenazando a los propietarios con armas blancas.
Denuncia formal y medidas de protección
Tras confirmar los daños en su propiedad, el abogado Víctor Fuentes solicitó apoyo policial. Elementos de seguridad acudieron al lugar aproximadamente a las 3:30 de la tarde; sin embargo, según el denunciante, no se realizaron detenciones en ese momento.
Posteriormente presentó una denuncia formal ante la Fiscalía estatal bajo el expediente 9391/2026, donde se investigan delitos como:
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Daño en propiedad ajena
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Despojo
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Amenazas
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Posible delincuencia organizada
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Intento de homicidio con arma blanca
A raíz de la denuncia, la autoridad otorgó medidas de protección a favor del denunciante y de su predio.
Acusan esquema de reventa ilegal de tierras
De acuerdo con varios testimonios recopilados en la zona, el modus operandi del grupo consistiría en vender terrenos ejidales y, tiempo después, regresar para recuperarlos mediante intimidación.
Posteriormente, los mismos predios serían ofrecidos nuevamente a otros compradores.
Los vecinos señalan que esta práctica ha generado un clima de incertidumbre en la comunidad, donde varios propietarios temen perder terrenos adquiridos de buena fe.
Vecinos exigen intervención de autoridades
Habitantes de San Diego Tixcacal afirman que la situación ha convertido la zona en un punto de tensión constante, donde los conflictos por tierras derivan cada vez más en actos violentos.
Por ello, pidieron la intervención firme de las autoridades para investigar a fondo los hechos, detener a los responsables y garantizar la seguridad jurídica de quienes adquirieron sus terrenos de manera legal.
Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación en la Fiscalía estatal, en espera de que se determinen responsabilidades por los hechos denunciados…(OGY)