Años de denuncias contra un enemigo silencioso, la Profepa habla de una lucha histórica. / Crimen contra la naturaleza, la batalla apenas comienza
José Pallotta/OGY: Mérida, Yucatán.
La industria porcina en Yucatán vuelve a colocarse en el ojo del huracán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó la clausura total y definitiva de la granja Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, tras comprobar que descargaba aguas residuales directamente al subsuelo y que incumplió reiteradamente siete medidas correctivas.
Lo que hoy estalló en Santa María Chi no es un caso aislado: durante años, comunidades mayas y organizaciones civiles han denunciado que este tipo de granjas que envenenan los cenotes, contaminan los mantos acuíferos y ponen en riesgo la salud de la población, como ocurrió hace unos años en Sitilpech, Citilcum, Homún, Cuzamá, Acanceh (Anillo de Cenotes) por señalar algunos, donde las protestas han sido constantes.
De acuerdo con la procuradora Mariana Boy Tamborrell, lo sucedido en Santa María Chi es la respuesta a años de resistencia comunitaria: “Los vecinos de esta granja se ampararon, denunciaron y exigieron justicia. Han sufrido por el olor, la contaminación y la afectación a su entorno. Hoy esta clausura definitiva es también el triunfo de esa lucha”.
La Profepa exigirá ahora que la empresa repare los daños mediante un estudio de impacto ambiental y supervise el abandono del sitio, pues la contaminación generada podría seguir afectando la zona aún con la clausura.
Las granjas porcícolas en Yucatán han sido calificadas por ambientalistas como “un crimen ecológico” que amenaza el patrimonio natural de la península. No solo destruyen ecosistemas, sino que ponen en riesgo la actividad turística y económica de los cenotes, que hoy son
Lo ocurrido en Santa María Chi es una herida abierta: bajo la tierra, las aguas contaminadas siguen corriendo y arrastrando el veneno hacia los mantos acuíferos que abastecen a toda la población.
Aunque la clausura de Pecuaria Peninsular es un precedente, el problema de fondo permanece. La expansión de la industria porcina en Yucatán continúa, y con ella, las denuncias de comunidades en Tizimín, Conkal, Tekax y Hunucmá, donde se teme que se repita la historia.
El caso de Santa María Chi es un golpe judicial y social contra la impunidad ambiental, pero también una advertencia:
si no se detiene la contaminación, los cenotes de Yucatán podrían convertirse en cementerios de agua negra…(OGY)
