El reciente anuncio de que el sector agropecuario de los Estados Unidos recibirá un paquete de apoyo financiero extraordinario para hacer frente a la crisis global de insumos y energéticos ha encendido las alarmas en el sector primario de nuestro país. El evento reabre un debate histórico: ¿cuál es el impacto real de estas medidas frente a lo estipulado en el Capítulo 3 (Agricultura) del T-MEC y qué consecuencias directas enfrentarán los productores mexicanos?
La advertencia histórica: Competir entre desiguales
Desde la firma y posterior entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio original en la década de 1990, advertimos formalmente como legisladores sobre los graves riesgos de someter al campo mexicano a una competencia asimétrica contra productores que reciben cuantiosos subsidios de sus respectivas tesorerías.
Para amortiguar estas brechas, el Gobierno de México estableció en su momento un periodo de ajuste y reconversión productiva a 15 años a través de esquemas como Procampo. Sin embargo, dicha reconversión productiva nunca se consolidó plenamente. El resultado ha sido un paulatino abandono del fomento a la cosecha de granos básicos, alejándonos de la autosuficiencia y llevándonos a depender de manera preocupante del maíz del exterior, a pesar de ser históricamente los “hombres del maíz”.
El marco del Capítulo 3 del T-MEC: La paradoja de las ayudas internas
A primera vista, la forma en que la tesorería estadounidense compensará a sus granjeros por el alza en los costos energéticos y de producción generará una mayor brecha en la competitividad regional.
Desde la perspectiva jurídica del T-MEC (Capítulo 3):
Artículo 3.4 (Subvenciones a la exportación): Queda prohibida la entrega de subsidios directos a las exportaciones interregionales de productos agrícolas.
Artículo 3.6 (Ayuda interna y apoyos domésticos): Remite a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aunque el tratado reconoce que los apoyos internos masivos distorsionan el comercio, no prohíbe las transferencias directas o coberturas de seguro a los productores locales, siempre que se encuadren formalmente en los esquemas de protección de ingresos (“Caja Verde” o límites consolidados).
Dado que México no cuenta con la capacidad presupuestal ni fiscal para equiparar tales subsidios a sus productores comerciales y medianos, los bajos precios del grano estadounidense subsidiado actúan como un techo artificial que deprime los precios locales. Esto desestimula la siembra nacional y actúa como un poderoso incentivo en contra de la producción propia.
Un impacto de doble filo: La perspectiva del comprador y la ganadería
Por otro lado, desde la posición del comprador e industrializador de insumos, la coyuntura presenta una dinámica particular de corto plazo:
Oferta de granos a bajo precio: La llegada de maíces y sorgos forrajeros fuertemente subsidiasdos desde el norte permitirá abastecer a la industria pecuaria mexicana a costos competitivos.
Impulso a las engordas bovinas: Este insumo accesible fortalece la producción de carne nacional en corrales de engorda, permitiendo frenar la importación de cárnicos provenientes de Sudamérica, los cuales han enfrentado severos cuestionamientos regulatorios e internacionales (tales como las clasificaciones relativas a “carne con hormonas” o restricciones del mercado europeo).
El balance final
Si bien la disponibilidad de grano barato de importación alivia temporalmente la estructura de costos de los engordadores y la ganadería intensiva, el efecto de fondo consolida la vulnerabilidad y la dependencia del exterior en el grano básico.
Sin el fortalecimiento de políticas públicas de apoyo a la productividad local, infraestructura y manejo de agua que nivelen el terreno de juego permitido dentro del T-MEC, el campo mexicano seguirá expuesto a las distorsiones que imponen las grandes tesorerías de Norteamérica.
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