José Pallotta/OGY: Akil, Yuc. 30 de julio 2022-.
El presidente del Consejo Citrícola Yucateco y del Comité de Lucha por el Rescate de la Juguera de Akil, Lic. Lorenzo Alvarado y Sosa informó que si las autoridades de la Procuraduría Agraria determinan que las personas a cargo de la mencionada planta son ilegales y que no representan a los verdaderos productores, el conflicto daría un giro de 360 grados.
Si el fallo es a favor de los productores, agregó el entrevistado, habrá que convocar a una elección para sustituir a la actual directiva de la juguera y todo lo que ha hecho hasta ahora perdería validez, incluso hasta transferencia que se hizo de la planta al empresario Arturo Peniche Solís.
Lorenzo Alvarado manifestó que sólo falta el dictamen de la Procuraduría Agraria para determinar las acciones a seguir para que la empresa pase a manos de los verdaderos productores.
Explicó que el proceso mediante el cual la juguera de Akil pasó a manos del empresario Arturo Peniche Solís, desde el 2016, fue el siguiente: 1.- En agosto de 2013 se simuló “la venta del terreno donde está construida la juguera, mediante una operación de crédito con financiera Nueva Australia, por la cantidad de 3 millones de pesos, pero que extrañamente se documentó como compraventa.
Dos años después Peniche Solís compra esta deuda de la Unión de Ejidos Citricultores y se queda con la “propiedad de la juguera”, lo cual hace público, como consta en notas periodísticas, pero y ante la inconformidad de los citricultores, en junio de 2017, anuncia que la juguera firma un convenio con un grupo de productores o campesinos -que no representan a los citricultores de los 12 ejidos que forman la unión de ejidos citricultores del sur del estado, sino que fueron convenientemente escogidos para dicha función por el empresario y el gobierno del estado.
A pesar de todo lo anterior, las protestas continuaron por la falta de información clara y veraz sobre la situación legal de la juguera y terminaron por documentar la donación al gobierno del estado del terreno donde está construida la juguera, por parte de Arturo Peniche.
2.- Ese mismo año ( 2017) se anuncia, la desaparición de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del estado y su transformación en Unión de Ejidos Fruticultores del Mayab, con los campesinos que fueron convenientemente escogidos para llevar a cabo la representación de los citricultores del sur del estado, situación que es totalmente ilegal, ya que dicha organización no cumple con lo establecido en la ley agraria vigente y por lo tanto, no puede ser reconocida como tal, por lo tanto, no es legal ni sus actos, acuerdos y todo cuanto hayan realizado en nombre de la unión de ejidos citricultores del sur del estado, carece de validez.
3.- Además de lo anterior, es mentira que la Unión de Ejidos Citricultores haya desaparecido, dado que el Registro Agrario Nacional ha emitido constancia de que dicha unión está vigente y que no existe documento alguno donde se acuerde su liquidación o su desaparición.
Lo que es cierto, es que la directiva que fue nombrada en 2015, encabezada por Luis Cetina García, tampoco cumple con lo establecido en la Ley Agraria en vigor, por lo tanto, es ilegal, por no cumplir con la elección de delegados en cada uno de los 12 ejidos, sino que se formó repentinamente con campesinos allegados a los cabecillas que se prestaron a llevar a cabo estos actos, sin el conocimiento de los verdaderos propietarios de la juguera.
En otras palabras, tomaron por asalto la directiva de la organización que representa a los productores y con el apoyo del gobierno del estado, tanto la administración anterior como la actual, están llevando a cabo una serie de actos jurídicos simulados, que carecen de validez, a la luz de una total falta de personalidad de los que se dicen representantes de los citricultores.
4.- Por lo tanto, todo lo anterior quedará debidamente aclarado, tan pronto como se tenga la respuesta de las dependencias federales responsables de vigilar el debido cumplimiento de las organizaciones agrarias, como los ejidos y las uniones de ejidos, que para el caso son, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional…(OGY)
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