Tras el fallo de la SCJN sobre alternancia obligatoria, afirman que la norma local vulnera el libre derecho al voto. / Llaman al INE a intervenir y pedir a los legisladores locales corregir el marco electoral antes del próximo proceso.
De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.
La legislación electoral del estado de Yucatán enfrenta severas críticas luego del reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual declaró inválida la alternancia obligatoria de género para las gubernaturas en diversos estados del país.
Así lo señaló el ciudadano José Ricardo Mañé Lara, quien sostuvo que la normativa vigente en la entidad impone una “camisa de fuerza” al electorado y fue aprobada al margen de una verdadera deliberación y consulta ciudadana.
Cuestionan decisiones “de espaldas a la ciudadanía”
De acuerdo con Mañé Lara, la inclusión del candado de alternancia secuencial obligatoria para el Poder Ejecutivo estatal por parte del Congreso local se realizó sin foros ni espacios abiertos de discusión con la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general.
”Legislar sin consultar es, por definición, un acto antirrepublicano. Bajo la noble bandera de la paridad, se terminó por secuestrar la pluralidad del voto, predeterminando el género de quienes podrán o no postularse de cara al futuro”, afirmó.
El activista enfatizó que la participación ciudadana mediante mecanismos de consulta no es una concesión del poder público, sino un mandato constitucional y un pilar de la soberanía popular que fue omitido durante el diseño de esta ingeniería electoral.
Llamado a la SCJN y al INE
Ante este escenario, la resolución emitida por el Máximo Tribunal del país es vista como una oportunidad para corregir la legislación yucateca antes de que inicie formalmente el próximo proceso electoral.
En ese sentido, Mañé Lara hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que asuma su rol como garante de los principios democráticos y exhorte formalmente al Congreso del Estado de Yucatán a retirar los candados considerados inconstitucionales.
”Modificar la ley a tiempo para retirar estos candados no es debilitar las instituciones; al contrario, es devolverles la legitimidad que perdieron al ignorar la consulta popular”, concluyó…(OGY)