Ex trabajadoras denuncian desacato judicial y daño al erario municipal por más de 1.4 millones de pesos; el Congreso del Estado recibe formalmente la acusación ciudadana.
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De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.
La historia de tres mujeres de Ucú podría marcar un precedente en la rendición de cuentas municipal. Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké, ex trabajadoras del Ayuntamiento, acudieron este martes al Congreso del Estado de Yucatán para interponer una denuncia ciudadana de juicio político en contra del alcalde de su municipio, a quien acusan de desobedecer resoluciones judiciales y acuerdos del propio Cabildo, generando una deuda que ya supera el millón cuatrocientos mil pesos.
Las denunciantes fueron despedidas injustificadamente de sus empleos en el Ayuntamiento de Ucú. Tras acudir al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, obtuvieron en diciembre de 2021 un laudo a su favor, en el que se ordenaba el pago de $253,040.83 pesos para cada una, lo que sumaba $759,120 pesos en total.
Sin embargo, pese a que el Tribunal otorgó un plazo de quince días para cumplir la sentencia, el alcalde —según señalan— ignoró la orden y permitió que la deuda se duplicara con recargos e intereses hasta alcanzar $1,425,840 pesos, una carga que ahora recae sobre los recursos públicos del municipio.
La denuncia presentada ante el Poder Legislativo detalla que el Cabildo de Ucú aprobó en sesión solemne el 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Congreso del Estado para cubrir el adeudo laboral. No obstante, el alcalde no cumplió con el mandato ni realizó las gestiones ante las instancias correspondientes.
Las afectadas sostienen que incluso intentó simular el cumplimiento del acuerdo, al presentar documentos que carecían de sellos y firmas de recepción dirigidos al Gobernador, a la Secretaría de Administración y Finanzas y al propio Congreso. Dichas acciones, señalan, podrían constituir falsificación documental o fraude procesal.
De acuerdo con el escrito ingresado a la Oficialía de Partes del Congreso, el presidente municipal de Ucú ha mantenido una conducta “ilegal y contumaz”, al desobedecer tanto al Poder
“Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, se lee en el documento.
El Congreso del Estado de Yucatán recibió formalmente la denuncia este martes, y conforme al procedimiento legal, será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y posible resolución. Las promoventes pidieron que el Legislativo actúe con imparcialidad y firmeza, pues —afirman— lo que está en juego no es solo una compensación laboral, sino el respeto al patrimonio municipal y la integridad de las instituciones.
“Confiamos en que prevalezca la verdad y la justicia”, expresaron al concluir la entrega del documento, acompañadas por su abogado, Miguel Ángel Basteris Maldonado.
Con esta denuncia, las ex trabajadoras de Ucú no solo buscan que se les pague lo que en derecho les corresponde, sino que se siente un precedente: que los alcaldes también deben responder ante la ley cuando incumplen sentencias judiciales y decisiones de sus propios cabildos…(OGY)