HISTORIA DE UN CRIMEN EN LA EX-PENITENCIARIA “JUAREZ”

José Pallotta: /OGY; Mérida, Yuc. 23 de septiembre 2021-.

Estimados lectores del Observador Gráfico Yucatán, revisando historias pasadas en internet, nos encontramos con esta, que habla de un motín en el antigua penitenciaria Juárez, ubicada a un costado del parque de la Paz, hechos que ocurrieron el 6 de septiembre de 1979 en la que termino con el asesinato de los tres reos acusados de asaltabancos.

Sergio Pérez Cortez, Francisco López Durán y Jesús Jiménez García, quienes estaban armados con pistolas, granadas y dinamita, según señala la nota del periódico “Diario de Yucatán” escrita por el periodista, Hernán Casares Cámara, dice que fueron 3 reos que se amotinaron el día 6 de septiembre de 1979 a las 10:30 de la mañana y tomaron como rehenes a 23 personas de los juzgados para negociar su libertad.

También apareció el autor de un libro denominado Adobado con Achiote (Uady, 2004) ahí narra los violentos hechos en la ex-penitenciaria “Juárez” hace ya mas de 40 años, y comienza su historia señalando que el

día de la rebelión y asesinato de los tres reclusos en la Penitenciaría “Juárez”, el pueblo de Yucatán reaccionó indignado. Las fotografías de Isidro Ávila, publicadas por “el periódico de la vida peninsular”, generaban comentarios adversos a las autoridades, los cuales tuvieron eco en la prensa nacional. Las gráficas de los cadáveres ensangrentados de los rebeldes, impresas unas horas después de que los reos salieran de la cárcel por su propio pie, producían repulsión.

Sin embargo, en el medio jurídico local nadie había protestado por los sucesos. Por el contrario, en charlas privadas muchos abogados manifestaron su anuencia con la conducta de las autoridades, pues los amotinados habían puesto en peligro la existencia de colegas muy apreciados, tanto servidores públicos como litigantes, y afirmaban que la muerte de los insurrectos era un escarmiento para los futuros secuestradores de autoridades judiciales.

En ese entonces, las dos agrupaciones de profesionales del derecho estaban divididas por diferencias ideológicas, aunque entre sus respectivos integrantes hubiera amistades sinceras: el Colegio de Abogados, cuyo presidente era el notario público Gustavo Monforte Luján, y la Barra de Abogados, encabezada por el también notario público Sergio Iván Priego Medina.

Así las cosas, el titular de la Procuraduría General de Justicia, al ser interrogado por un reportero del Diario de Yucatán sobre la necesidad de presentar una denuncia de los hechos, respondió: “Es un requisito legal que hay que llenar, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, aunque el delito se persiga de oficio. Si la Barra o el Colegio de Abogados creen, como ciudadanos de los más calificados en cuanto a conocimiento de leyes, que hubo anomalías en este caso, los invitamos a denunciarlas, que aporten pruebas y soliciten la investigación”.

Las declaraciones del procurador lograron lo que parecía imposible: unir a los abogados yucatecos. Prestamente Priego Medina me habló, en mi calidad de tesorero de la Barra, para que acudiéramos a una reunión urgente que se efectuaría en el despacho de Monforte Luján.

A las doce –cuando, según decía el licenciado Francisco Repetto Milán, de grata memoria, cambiaban el color y la temperatura de los líquidos que ingería, pues antes de esa hora el maestro Repetto era devoto del café muy obscuro y bien caliente-, llegamos en unión de otros directivos al lugar señalado. Casi todos estábamos presentes. Del Colegio saludamos al propio Monforte Luján, a Armando Villarreal Guerra, Arturo Rendón Bolio, Víctor Manuel Correa Mena, Pedro Solís Cano, Pedro Rivas Gutiérrez y Miguel Ángel Díaz Herrera. Por la Barra hicieron acto de presencia Priego Medina, Jesús Rivero Patrón, Wílliam Acevedo Azarcoya, Carlos Ceballos Traconis y el pergeñador de estas líneas.

También intervinieron en la junta los licenciados Juan Lara Martínez y Juan Puerto Castillo, directivos –y al parecer únicos integrantes- de la Unión de Abogados, membrete político afiliado al Partido Revolucionario Institucional y del que casi nadie se acordaba.

Tras las presentaciones de rigor, Díaz Herrera –testigo de primera mano-, refirió los sucesos con todo detalle, elogiando la valentía de los jueces Velázquez Sosa y Guzmán Pacheco y del litigante Gil Santos. Nuestro informante omitió con modestia su propia intervención en la lucha con sus captores.

Los abogados tomaron el acuerdo unánime de denunciar el homicidio y se nombró a un directivo de cada grupo para redactar el escrito de denuncia. Las designaciones recayeron en el propio Díaz Herrera y en este recopilador de recuerdos, por ser los que con mayor frecuencia litigábamos en el ámbito del derecho penal.

Al otro día los designados procedimos a redactar el documento. En el escrito se formulaba la denuncia ante el gobernador del Estado, en virtud de que las autoridades encargadas de la averiguación y persecución de delitos cometidos en esta entidad se habían negado a cumplir con su deber y, además, estaban implicadas en la comisión de los mismos hechos delictuosos que se denunciaban.

La acusación era por los ilícitos de homicidio y abuso de autoridad cometidos en perjuicio de los tres reclusos sublevados; como pruebas se exhibían los ejemplares de la prensa local que informaban de los hechos; y se concluía señalando como presuntos responsables al procurador de Justicia del Estado Jorge Martínez Escalante, al jefe de la Policía Judicial Gilberto Pech Pech, al director de Seguridad Pública y Tránsito Raymundo Vargas Cruz, al director de la penitenciaría Arturo Bernal Goldberg, quienes participaron en la acción y, de acuerdo con las declaraciones del jefe de la Policía Judicial, a los también participantes en los hechos, los policías judiciales Wílbert Vargas, Enrique Medina Gamboa, Lizandro Lizama Lara, Alfredo Muñoz, Marco Antonio Bustillos, Antonio León y Manuel Cabrera Alamilla; los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Ramiro Bautista, Ricardo Lizama, Fernando Delgado, Carlos Barraza y Federico Cuesi; y de la Policía Judicial Federal, Arturo Monsreal Vinajero, Alfredo Durán García, José Manuel Tinta Solís, Francisco Delgado Villarreal y Javier García Montes.

Un día después, en pleno cónclave, Díaz Herrera y el autor de estas líneas leíamos muy ufanos ante nuestros colegas el trabajo que habíamos redactado. Sin embargo, al concluir su lectura, un extraño silencio dominaba el salón. Un miembro del Colegio interrumpió la quietud y expresó el parecer de una parte de los presentes: El escrito pecaba de exceso, pues legalmente bastaba la denuncia de los hechos para que el ministerio público procediera a su investigación y hallara a los presuntos responsables. Por lo tanto, era innecesario que en el memorial se señalara por sus nombres a los posibles homicidas. Era evidente que la fama de represoras de nuestras autoridades de ese entonces no había caído en saco roto.

Los autores del escrito defendimos nuestro trabajo, secundados por la mayoría de los directivos de la Barra, algunos miembros del Colegio y el ciento por ciento de la Unión. Reconocimos que, desde el punto de vista jurídico, nuestros opositores tenían la razón. Pero argumentamos que la denuncia iba a ser presentada por agrupaciones de abogados que no iban a cumplir un simple trámite, a salir del paso, sino que con su solicitud de justicia plasmarían las inquietudes del conglomerado yucateco. Además, como las propias autoridades policíacas eran las involucradas en los injustos denunciados, había que señalarlas por sus nombres, para evitar que los mismos acusados se encargaran de la investigación. Lara Martínez, en apoyo a la denuncia, exclamó: “No podemos resucitar a los muertos, pero sí podemos resucitar a la justicia en Yucatán”.

Y cuando la discusión estaba en su punto más ígneo, pues los concurrentes no nos poníamos de acuerdo en el aspecto legal de nuestro pedimento, Puerto Castillo, que había permanecido callado, en actitud circunspecta, tomó la palabra: “Compañeros, les suplico me disculpen, pues tengo que ir al aeropuerto por mi familia y no puedo permanecer más tiempo con ustedes. Por favor, Felipe, dame la denuncia”.

Al entregarle el documento Puerto Castillo tomó su plumafuente Sheaffer’s de oro de 18 quilates y procedió a signar el memorial y cada uno de los tres tantos de copias que lo acompañaban. A continuación se puso de pie y tras un breve ¡Hasta luego!, se dirigió hacia la salida.

Los demás quedamos viéndonos las caras. Rendón Bolio aprovechó la situación para apoderase del escrito y dar una orden tajante:

¡A firmar todos! ¡Que nadie se vaya sin firmar!

Y de uno en uno, entre risas nerviosas y bromas, todos desfilaron para cumplir con su deber cívico. La denuncia fue presentada oportunamente y la prensa escrita dio cuenta de ello. Lástima que las autoridades competentes hicieron caso omiso de nuestra petición de justicia y del sentir de la sociedad.

La Historia se los ha reprochado…(OGY)