El conflicto inmobiliario que inició en la administración de Mauricio Vila suma un nuevo capítulo; señalan que un juez de Distrito habría favorecido ilegalmente a una inmobiliaria.
José Pallotta/OGY: Mérida, Yucatán.
El largo conflicto legal que envuelve al complejo hotelero Mayaland, en Chichén Itzá, ha entrado en una nueva fase cargada de sospechas de corrupción.
Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al encargado de despacho del Juzgado Cuarto de Distrito de haber dictado una resolución “sospechosa de ilícita” y contraria a normas de orden público.
La decisión judicial -emitida mientras el titular del juzgado se encuentra de vacaciones- ordena mantener asegurados los bienes del Mayaland, medida que contradice sentencias firmes de amparo y que, según los denunciantes, beneficia directamente a la inmobiliaria R4, señalada por el delito de despojo.
Una herencia del sexenio de Vila
Este pleito inmobiliario no es nuevo. Sus raíces se remontan a la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal, cuando se permitió la intervención de la Fiscalía de Quintana Roo en un proceso que los tribunales federales declararon después como incompetente.
Esa actuación irregular abrió la puerta a una serie de aseguramientos que hoy, casi cinco años más tarde, siguen generando litigios y sospechas de corrupción judicial.
La resolución que encendió las alarmas
El 18 de junio de 2025, un operativo policial puso fin a la ocupación ilegal de la empresa Hotel Ikal Chit, ligada a los Rosas Moya. Sin embargo, semanas después, el juez interino resolvió dejar sin efecto la devolución de los bienes para mantenerlos asegurados, una medida que -según la denuncia- viola el artículo 129 de la Ley de Amparo, el cual prohíbe suspensiones contra normas de orden público.
Las partes acusadoras señalan que esta resolución ignoró sentencias previas que habían declarado ilegales los aseguramientos, pues los hechos atribuidos por la Fiscalía de Quintana Roo no constituyen delito alguno, lo que convertía en definitiva la cancelación de cualquier medida de aseguramiento.
Sospechas de corrupción y favores judiciales
El señalamiento más grave es que el juez interino habría actuado para favorecer a la inmobiliaria R4, beneficiaria directa de una medida que los denunciantes califican como “vigente, legal y materialmente imposible, apoyada en la nada jurídica”.
En este contexto, el abogado Gerardo Ostos Rincón Gallardo, una de las partes involucradas, denunció la paradoja de que se intente culparlo de tráfico de influencias y corrupción, mientras -asegura- “quienes por años han dañado al Estado con su fondo de operaciones criminales se benefician de resoluciones ilegales”.
Lo que viene
El caso ahora se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Yucatán, y se espera que en los próximos días se defina si se ejercerá o no acción penal.
De no hacerlo, podría reiterarse la cancelación definitiva del aseguramiento y abrir la puerta a procesos legales contra los responsables de más de 40 meses de operación ilegal del Mayaland.
Mientras tanto, la sombra de la corrupción judicial se cierne sobre el juez interino, cuya actuación ya está bajo la lupa de las autoridades federales….(OGY)
