El Gobierno federal insiste en reducir costos, limitar excesos y ampliar la participación ciudadana, pese a resistencias políticas
José Pallotta/OGY: Ciudad de México.
Aunque incomode a la oposición y sacuda estructuras históricas del sistema político, el Gobierno federal volvió a poner sobre la mesa una reforma electoral que apunta directamente a uno de los temas más sensibles: los privilegios en el ejercicio del poder.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presento el contenido de la iniciativa de reforma constitucional, dejando claro que el objetivo es: reducir excesos, bajar costos y ampliar la participación del pueblo en la vida democrática del país.
Menos privilegios, más democracia
El eje central de la propuesta es contundente: terminar con los excesos dentro del aparato electoral y político.
“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, enfatizó la funcionaria, al explicar que la reforma busca alinear el gasto público con los principios de la llamada austeridad republicana.
Entre los puntos más relevantes destaca que ningún funcionario electoral podrá ganar más que la presidenta de la República, lo que impactaría directamente a consejeros, magistrados y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales.
Además, se plantea eliminar beneficios como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos adicionales que han sido criticados durante años por su desconexión con la realidad económica del país, -y eso, que no señalaron los gastos como viajes, celulares y desayunos de representación-.
Municipios y congresos bajo ajuste
La reforma también apunta hacia los gobiernos locales, donde se busca reducir estructuras que, según el diagnóstico oficial, resultan costosas y poco eficientes.
En el caso de los municipios, se propone limitar el número de regidurías a un rango de entre 7 y 15, además de establecer una sola sindicatura por ayuntamiento.
Para los congresos locales, se plantea un tope presupuestal del 0.7% del total del gasto estatal, con el objetivo de contener el crecimiento del gasto legislativo.
El argumento del Gobierno es claro: los recursos que se ahorren deberán destinarse a infraestructura social, beneficiando directamente a comunidades y municipios.
Revocación de mandato: más poder al ciudadano
Otro de los puntos clave de la iniciativa es la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, particularmente la revocación de mandato.
La propuesta busca facilitar que la ciudadanía pueda solicitar este ejercicio en distintos momentos, ampliando así su capacidad de decisión sobre la continuidad de sus gobernantes.
“El pueblo pone y el pueblo quita”, resumió Rodríguez, en una frase que refleja la lógica política detrás de la reforma.
Una reforma que no busca consenso… sino cambio
Más allá de los detalles técnicos, lo que queda claro es que esta reforma no pretende ser cómoda ni consensuada.
Es una iniciativa que toca intereses, reduce espacios de poder y elimina privilegios que durante años han sido parte del sistema político mexicano.
Por eso, la resistencia no sorprende.
Pero desde el Gobierno federal el mensaje es firme: la transformación del sistema electoral no puede seguir posponiéndose por razones políticas.
El fondo del debate
La discusión ya no es solo jurídica o legislativa.
Es política, y la pregunta que queda en el aire es directa:
¿Quién está dispuesto a renunciar a privilegios en nombre de una democracia más equitativa… y quién prefiere mantener el modelo actual?
La reforma avanza, y con ella, un debate que -aunque incomode- parece inevitable…(OGY)
