De la redacción/OGY: Mérida, Yuc. 22 de mayo 2022-.

Alejandro Castellanos Haas y Manuel Sulub Garrido y quienes resulten responsables fueron acusados de robo y abuso de confianza, ante la agente del Ministerio Público Licda. Tiare Margarita Acereto Campos, por Juan José Aguayo Puc.

En su demanda, Aguayo Puc manifiesta que conoció a Castellanos Haas desde la preparatoria y sabe que desde el 2012 funge como empleado de la Verificador de Medidores (robo de energía) en la Comisión Federal de Electricidad.

En el 2018, el denunciado, Alejandro Castellanos Haas, lo invita a trabajar como director general de la empresa ESR del Sureste de México, con un sueldo de 30 mil pesos mensuales.

Aguayo Puc, refiere que ante la falta de un local para operar y por la oportunidad de laborar que le brindaba le ofreció utilizar el predio número 458 de la calle 7 entre la 32 y 34 de la colonia los Reyes propiedad de María Casilda Puc Heredia, quedando como domicilio fiscal de la empresa.

En noviembre del 2019 le comentó que su esposa Fanny Marili Puch Montalvo, contaba con un local en el predio 323 de la calle 49 entre la 12 y 14 de la colona Salvador Alvarado Sur, que correspondía a las características de la empresa y que se las podía prestar, por ser propiedad de su familia, quien acepta la propuesta y cambia el domicilio fiscal de la compañía a esa dirección, con la promesa de que lo haría socio de la misma, pero éste a base de excusas se niega a realizar y protocolizar la asamblea extraordinaria y lo convence a que invierta para dejar la oficina lista, así como material y herramientas, es decir, computadoras, muebles de oficina, así como una aportación de un millón de pesos.

La empresa dedicada a la venta de paneles solares iba en constante crecimiento hasta que en el año 2020 Castellanos Haas le indica que se requería un administrador que se encargue de los asuntos del negocio y sugiere se contrate a Manuel Hussey Sulub Garrido, para que se encargue de la nómina, préstamos, facturación, cobranzas, entre otras responsabilidades.

Con el paso del tiempo se compró varios vehículos entre ellos una Chevrolet tipo Spark, color blanco modelo 2016 con placas de circulación YWW-915, asignado a mercadotecnia con el número 4, y cuatro unidades más, así como uno más que sólo estaba enfosado a su nombre, sin cambio de propietario en la SSP, tipo Nissan con placas de circulación YR-0832-C del estado de Yucatán.

En enero del 2020 lleva una caja fuerte de su propiedad a las oficinas de la empresa, donde guardaba documentos, 85 mil pesos en efectivo, pasaporte, facturas de los vehículos, así como la factura y llave de una camioneta propiedad de Ángel Martín Aguayo Euán, padre del denunciante.

En abril del 2021 le recordó a Castellanos Haas el trámite para convertirlo en socio de la compañía, pero éste le respondió que no era el momento, porque había que crecer más, en septiembre del mismo año, le vuele a mencionar la necesidad de celebrar la asamblea extraordinaria y la respuesta del acusado,  fue que dejara de ser director general y creara una empresa que recibiría activos de EST del Sureste y de esa manera crecer ambas empresas, sugerencia que acepta y en noviembre de esa año registra la compañía Sáasil Solar S.A de C.V., teniendo a su esposa como socia, pero al pasar los días se entera que Castellanos Haas celebra una asamblea extraordinaria no para hacerlos socio de la compañía sino para cambiar la razón social de la misma por ESR del Sureste de México S:A. de C.V. y nombra como socio a su pareja sentimental Ana Karen Novelo Ake.

En diciembre del 2021 abre una cuenta bancaria de la empresa Sáasil Solar y recibe una chequera, token y bauchera y se dedicó a encontrar contratos (7) cada uno por 200 mil pesos, pero Sulub Garrido el administrador se negó a ingresar esos activos por órdenes de Castellanos Haas, quien pide que los contratos sean facturados a ESR del Sureste de México.

En marzo del 2022 decide verificar los contratos de los clientes y anteriores y se percata que los documentos de interconexiones con la CFE tenían su firma, documentos que jamás había firmado, lo que le reclama al denunciado, quien le responde que no había problema y que tenía todo controlado y así pasaron los días hasta que recibe una llamada telefónica de Jorge Tzab Pérez de Hunucmá quien le reclama que había pagado 120 mil pesos a Castellanos Haas y no había resulto una multa que tenía ante la CFE y este reconoce que gastó el dinero y que el resolvería el problema.

En el mes de abril, cuando sale de vacaciones y se dirige a Playa del Carmen se percata que sus cuentas de Facebook, Instagram y Spotyfy y Hotmail fueron hakeados, por lo que intenta comunicarse con Castellanos Haas al no responder pide a su madre que acuda a las oficinas de la empresa y ésta al llegar se percata que ésta se encontraba vacía (desmantelada) y a su regreso a Mérida se percata que el acusado no sólo se llevó todo el mobiliario y equipo de la empresa incluyendo su caja fuerte, vehículos, en fin todo dejando sin nada…(OGY)

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