-Yucatán contaría con un Juzgado Especializado en Arbitraje y Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con lo que se convertiría en la primera entidad federativa del país en contar con un tribunal de este tipo.

-La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la comunidad comercial internacional, dirigentes y directivos de los sectores empresarial, académico y colegios de profesionistas de la entidad, para analizar el proyecto.

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

El Poder Judicial del Estado colocaría a Yucatán a la vanguardia jurídica mediante la creación de un Juzgado Especializado en Arbitraje y Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con lo que se convertiría en la primera entidad federativa del país en contar con un tribunal de este tipo que busca fortalecer el Estado de Derecho, elevar la competitividad del territorio como destino de inversión y promover la justicia social moderna y accesible.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, sostuvo una reunión de trabajo, de manera virtual, con representantes de la comunidad comercial internacional y, presencial, con dirigentes y directivos de los sectores empresarial, académico y colegios de profesionistas de la entidad para analizar el proyecto y quienes externaron su apoyo a esta iniciativa que podría marcar un nuevo capítulo en la historia jurídica del estado.

Durante el evento, celebrado en el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” de la sede del TSJE, Jorge Carlos Toledo Sauri, presidente del Comité de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Sureste de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés), resaltó que la apertura de un juzgado especializado representa un importante avance institucional, pues se traduce en una mayor eficiencia y agilidad en la resolución de los casos, mejora la calidad de precisión de las decisiones judiciales, fomenta la uniformidad y predecibilidad de las decisiones, fortalece la seguridad jurídica y reduce los conflictos entre tribunales y juzgadores.

“Lo que hoy llevamos a cabo es acto de unión y solidaridad, es de lo que trata los MASC, de la unión de voluntades en una causa común. Que juntos encontremos una solución en beneficio de las personas, esta es una causa social, la creación no es un punto de llegada es el inicio de un camino que exige compromiso, preparación continua y apertura a la colaboración internacional”, expresó.

En la reunión y a nombre de la comunidad comercial internacional, Francisco Hernández Cossío del Club Español de Arbitraje y Silvia Rodríguez Vázquez del Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards de la Pontificia Universidad Católica de Perú, reconocieron el liderazgo que está tomando Yucatán en el tema y manifestaron su apoyo a la creación de este Juzgado Especializado, ya que contribuye a mejorar el sistema de justicia.

Durante la jornada, también compartieron sus puntos de vista representantes de la International Chambers of Commerce México, del International Centre for Dispute Resolution America Arbitration Association, del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Brasil-Canadá, de la London Court Of International Arbitration, del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje de Argentina, de la North America Branch del Chartered, del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica, así como de otros Centros de Colombia y México.

Acompañada de la magistrada Patricia Gamboa Wong y de los magistrados Mauricio Tappan Silveira y Rubén Ruiz Ramírez, así como del presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alejandro Gómory Martínez, Canto Valdés señaló que esta iniciativa, cuyo resultado final tiene como intención culminar en la creación del primer juzgado especializado de este tipo en el país, contribuirá a consolidar a nuestro estado como punta de lanza y referencia a nivel internacional.

“Este Poder Judicial tiene claro su papel en este proceso: ser garante de certeza, confianza y transparencia para todas aquellas personas que opten por estos mecanismos. No hay antecedentes de un esfuerzo de esta magnitud en nuestro país, es por ello que la construcción de esta propuesta –al igual que la elaboración del Plan Estratégico del Consejo de la Judicatura-, se está realizando con la participación de diversos actores que por escrito y en esta reunión se han sumado apostando a la conveniencia de este proyecto”, puntualizó.

Canto Valdés precisó que la propuesta de creación de este nuevo juzgado se está analizando en el Consejo de la Judicatura, pues la intención es que el Poder Judicial pueda estar en el momento de innovarse y modernizarse, a la altura de lo que está viviendo Yucatán con un crecimiento en inversión y que el arbitraje, de manera particular, es una figura que ayuda en el ámbito del comercio a que las partes no tengan que llegar a un conflicto.

“El Consejo de la Judicatura es un órgano colegiado donde los consejeros están analizando la propuesta, los académicos y abogados ven viable y positivo la pertinencia de este juzgado, así que estamos en espera del análisis que haga cada uno de los consejeros a través de sus comisiones, siempre de manera constructiva y esperando áreas de oportunidad”, comentó.

En presencia de los consejeros de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, Claudia Pedrera Irabién y Níger Pool Cab, la magistrada presidenta indicó que en tiempos mundiales donde las relaciones internacionales y sociales se encuentran marcadas por la globalización y la gentrificación, es particularmente pertinente que surjan proyectos como éste, espacios donde el diálogo, la voluntad de construir acuerdos y la cooperación prevalezcan sobre la confrontación…(OGY)

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-Mérida, primer municipio de Yucatán que homologa la Ley 3 de 3 contra la violencia a la mujer y deudores alimentarios en su reglamentación municipal.

-Presenta la alcaldesa al Cabildo iniciativa para enviar al Congreso del Estado que permita a los otros 105 municipios homologar sus reglamentos municipales en la materia.

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

“Ningún deudor alimentario o violentador de mujeres será servidor público en Mérida”, así lo declaró la Presidenta Municipal Cecilia Patrón Laviada, tras la aprobación del Cabildo en la que reforma el Reglamento de la Administración Pública del Municipio que contempla la Ley 3 de 3 contra la violencia.

“Hoy en Mérida tenemos un gran logro con el voto absoluto de las regidoras y los regidores del Cabildo, que además hace valer su presencia femenina al estar integrado por 11 mujeres y 8 varones. Hoy se ve reflejada la lucha de tantos años y de tantas mujeres como Rosa Torre González”, señaló la alcaldesa.

“Como meridana, como servidora pública y aliada de las mujeres, garantizar su bienestar e integridad es desde luego mi prioridad, y desde el gobierno municipal de nuestra Mérida así lo haremos valer con integridad, con justicia y sororidad” añadió.

“Porque si no puedes cuidar lo más sagrado, que es a tu propia familia, a las personas que te rodean, mucho menos podrás servir a los ciudadanos”, sentenció.

Esta reforma a la administración pública municipal contempla establecer, de manera fehaciente, que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en la administración pública del municipio.

De igual forma se establece que se pondrá de manifiesto la política cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, exaltando así los valores éticos deseados en el servicio público, homologando la legislación municipal con la reglamentado a nivel estatal y federal.

Por su parte, la Síndica Municipal, María Cristina Castillo Espinosa, destacó que “el buen juez por su casa empieza”, recalcando que se marca un parteaguas en la lucha feminista por la justicia y la igualdad de derechos, en la que para ser servidor público debe tener una integridad primero con los suyos y luego con la sociedad, reconociendo así la lucha de muchas mujeres impulsadoras de la Ley 3 de 3 tanto en el municipio como a nivel estatal y nacional.

Asimismo la regidora Gabriela Santinelli Recio destacó que esta armonización reglamentaria pareciera muy simple, pero la mención de una palabra significa un gran fondo para quienes desean servir en la administración municipal, “ningún violentador en el poder y menos en el municipio de Mérida que está encabezado por mujeres”, externó.

Iniciativa para 105 municipios de Yucatán

En el marco de la aprobación de esta reforma, la alcaldesa Cecilia Patrón hizo entrega al Cabildo meridano una iniciativa para presentar ante el Honorable Congreso del Estado para que se reforme la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y que la Ley 3 de 3 también aplique a los otros 105 municipios del estado.

Este proyecto se turnará a la Comisión Permanente de Gobierno del Ayuntamiento, y así generar el dictamen que será presentado ante el Cabildo para su aprobación y ser remitido al Congreso de Yucatán.

“Mujeres libres en la calle, el hogar, la academia, la política, mujeres libres en la sociedad completa. Ese es nuestro mayor anhelo que hoy se ve reflejado en un paso más a través de la inclusión en el reglamento municipal de la Ley 3 de 3, expresó la primera edil de Mérida.

“Y de mujer a mujer les digo que en esta lucha no están solas, que en esta lucha estoy con ustedes mujeres. Y seguiremos trabajando sin descanso, 24/7, por nuestras niñas, nuestras jóvenes, por todas”, concluyó.

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo se contó con la presencia de la Doctora Celia Rosado Avilés, Secretaria General de la UADY; Alicia García Gamboa, Presidenta de la Red Pro Yucatán; María Eugenia Núñez, de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán; Gina Saade, Rita Farjat; Telma García; Lidia Laucirica, activista; Lulú Castillo y Ruby Rivero de González al igual que Yahaira Centeno Ceballos, directora del Instituto de la Mujer del Ayuntamiento…(OGY)

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De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

Con el objetivo de sentar las bases para la capacitación de los defensores y asesores públicos para que al momento de litigar cuenten con una estrategia legal desde una perspectiva intercultural del pueblo mayahablante, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA) y el Instituto de la Defensa Pública del Estado (INDEPEY).
 
En el convenio, signado en el Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio, se establece que el INDEMAYA proporcionará asistencia especializada en lengua maya, variante lingüística y cultural, en los servicios de defensa jurídica a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en el ámbito del Estado de Yucatán, mismos que presta el Instituto de Defensa Jurídica.
 
La defensora general del estado, Mtra. Karina Pamela Quijano Ortega, señaló que es responsabilidad del Instituto de la defensa asegurar el pleno goce de los derechos de las personas que pertenecen a los pueblos indígenas, que en el caso del estado de Yucatán la mayoría es maya, y que este goce de derecho sea en igualdad de condiciones que el resto de la población, por lo que se firmará el presente convenio para reforzar dicha responsabilidad.
 
Por su parte, el Mtro. Gaspar Alemañy Ortiz, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, afirmó que el Gobernador Joaquín Díaz Mena marcó la pauta, desde el inicio de esta administración, acerca de la importancia del pueblo maya en Yucatán, por lo que las acciones, estrategias y políticas en ese sentido se conjuntan en el Plan Estatal de Desarrollo Renacimiento Maya.
 
Apuntó que el sello de este gobierno del Renacimiento Maya, es ser humanista, sensible y cercano a todas y a todos, y que el pacto institucional que hoy se celebra mañana será la base para que todas las personas que necesiten asesoría jurídica puedan acceder a estos servicios gratuitos de manera pluricultural y en su lengua.
 
Señaló que este día las dos instituciones asumen una gran responsabilidad para que personas pertenecientes al pueblo maya ejerzan sus derechos ante las instancias de impartición de justicia mediante servicios eficaces, idóneos y de calidad, que garanticen sus derechos de acceso a la justicia.
 
En el evento también estuvieron presentes la Licenciada Fabiola Loeza Novelo, Directora del IDEMAYA; Mtro. Níger Desiderio Pool Cab, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán; Neyda Aracelly Pat Dzul, Diputada local por el distrito XXI; el MVZ. Jorge Carlos Berlín Montero, subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos en representación del Secretario General de Gobierno Mtro. Omar Pérez Avilés; el Mtro. Luis Armando Mendoza Casanova, Magistrado Decimocuarto de la primera sala colegiada penal y civil…(OGY)

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-La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, entregó sus nombramientos a estos ciudadanos que acreditaron los requisitos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

-Los 54 jueces de paz nombrados completaron un proceso de formación, se sometieron a evaluación y resultaron aptos para desempeñar el cargo, cumpliendo con lo señalado en las Bases Séptima y Décima Primera de la Convocatoria publicada el pasado 14 de noviembre de 2024.

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

Tras completar un proceso de formación, se sometieron a evaluación y resultaron aptos para desempeñar el cargo de Juez de Paz, 54 personas de igual número de municipios del estado, quienes fueron designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estad, rindieron compromiso constitucional a ese cargo, con lo que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica de este Poder.

En ceremonia realizada en el auditorio del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, entregó el documento que acredita a estos ciudadanos como Jueces de Paz en sus poblaciones, cargo para el cual fueron designados desde hoy y hasta el 16 de febrero de 2031.

Los Jueces de Paz nombrados son de los municipios de Abalá, Acanceh, Akil, Bokobá, Cantamayec, Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Dzan, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Halachó, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Kantunil, Kinchil, Maní, Maxcanú, Mocochá, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Peto, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Santa Elena y Seyé.

La lista la completan Sinanché, Suma de Hidalgo, Tahdziú, Tahmek, Tecoh, Tekit, Tekom, Tepakán, Tetiz, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tupehual, Tzucacab y Ucú.

El proceso que siguieron las personas recién nombradas Jueces de Paz consistió, en una primera fase, en un curso de capacitación sobre las funciones y responsabilidades en las materias competentes y un examen teórico, al que le siguió una segunda etapa en la que se impartió un taller práctico de formación para el puesto solicitado y únicamente, por tratarse del supuesto mencionado en la referida Base Décima Primera, fue necesario aplicar una prueba práctica para los casos de los aspirantes de los municipios de Abalá, Conkal y Chemax . Los temas abordados en el curso fueron los relacionados con las materias familiar, civil, derechos humanos e igualdad de género, impartido por personal del Consejo de la Judicatura especializados en ellos.

Acompañada del magistrado José Pablo Abreu Sacramento y los consejeros del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, Claudia Pedrero Irabién, Níger Pool Cab y Álvaro Juanes Laviada, Canto Valdés reiteró el apoyo del Poder Judicial del Estado a los jueces de paz para que desarrollen su función y los exhortó a ofrecer un servicio humano a los ciudadanos que acudan a ellos.

“Les pedimos apoyar a su comunidad mediante la resolución de los asuntos, de acuerdo a la cuantía y competencia que tienen, para que Yucatán siga siendo un referente de paz en donde se pondera siempre el diálogo, la amabilidad y la cordialidad”, expresó ante los presidentes municipales de Kinchil, Irving Pisté Canul; Tekit, José Antonio Sosa Hernández; Sinanché, Abril Palma Bacelis; Maní, Feddy Interián Bojórquez; Cococha, Pablo Cutz Domínguez; Santa Elena, Galdino Poot Moreno; Ucú, Géner Pech León; Bokobá, Yaneli Ortega Canché y Huhí, Jaime Espínola Contreras.

A nombre de los Jueces de Paz que recibieron su nombramiento, Sergio Valencia Guillén, del municipio de Muna, indicó que este encargo representa una oportunidad participar como un vínculo entre la sociedad y las instituciones, por lo que refirió que su compromiso es actuar siempre apegado a Derecho.

En presencia de la coordinadora de Programas de Capacitación y Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), Minerva Benítez Castillo, la consejera María Ely Farfán Flores señaló que la designación de las 54 personas como jueces de paz, es un solo la primera etapa del proceso, ya que aún están pendientes los nombramientos de Jueces de Paz en 42 municipios del estado, los cuales de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial serán designados de la misma manera mediante la emisión de una nueva convocatoria pública…(OGY)

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-El Consejo de la Judicatura aprobó que 38 servidores públicos que laboraban por contrato obtuvieran sus nombramientos definitivos, dándoles con esto, una oportunidad para continuar con su trayectoria en la institución.

-Los trabajadores con definitividad en sus contratos prestan sus servicios en los Juzgados y Tribunales con sede en Mérida y el interior del estado en las categorías de Asistentes, Encargados de Atención al Público, Técnicos Judiciales, Ayudante de Archivo, Auxiliar de Servicios Generales e Intendente.

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

En cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo y los acuerdos vigentes en materia laboral, 38 trabajadores del Poder Judicial del Estado que cumplen con más de un año de servicio por contrato obtuvieron sus nombramientos definitivos, lo que les permite seguir avanzando en su trayectoria laboral jurisdiccional o administrativa bajo la que se desempeñan y, con eso, afianzar la seguridad económica de sus familias.

En sesión ordinaria, el pleno del Consejo de la Judicatura, encabezado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del citado órgano colegiado, María Carolina Canto Valdés, se aprobaron nombramientos definitivos a ese número de servidores públicos judiciales que laboran en diferentes áreas de este Poder.

Los trabajadores con definitividad en su contrato tienen las categorías de Asistentes, Encargados de Atención al Público, Técnicos Judiciales, Ayudante de Archivo, Auxiliar de Servicios Generales e Intendente de Limpieza, quienes prestan sus servicios en los diversos Juzgados y Tribunales del Poder Judicial que tienen su sede tanto en Mérida como en el interior del estado.

Vale la pena mencionar que, esta accion tiene sustento en las Condiciones Generales de Trabajo y para otorgar esta definitividad en las plazas labores de los servidores públicos judiciales se debieron cumplir con los diversos requisitos establecidos en el acuerdo número OR12-181213-134 del Consejo de la Judicatura que, entre otros, señala que el aspirante no cuente con más de 2 calificaciones regulares, que no se haya levantado acta administrativa alguna en su contra en los último seis meses de su desempeño y que no exista queja administrativa en su contra, que haya sido declarada procedente y por la cual se haya impuesto sanción administrativa.

Acompañada de los consejeros Níger Pool Cab, Claudia Pedrero Irabién, María Ely Farfán Flores y Álvaro Juanes Laviada, Canto Valdés destacó que otorgar los nombramientos definitivos a los compañeros trabajadores es una forma más en la que se fortalece a la institución al permitir que la base trabajadora continúe avanzando con su trayectoria laboral, esmerando y capacitándose, lo que al final se traduce en un beneficio para la institución y para la sociedad a la que se otorga el servicio público.

En el Poder Judicial continuamos cumpliendo el compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes con su labor diaria contribuyen a ofrecer a los yucatecos una justicia eficaz y con apegado a Derecho. A esta acción le precede el incremento salarial histórico otorgado a los trabajadores en días pasados, aseveró.

Esta definitividad al personal en sus contratos se suma al incremento salarial del 10% anunciado en enero pasado para los trabajadores del Poder Judicial del Estado que menos ganan, el cual se hizo efectivo en la segunda quincena de ese mes con retroactivo a la primera, además de que también tuvieron un aumento del 10% en sus prestaciones y 12% en sus vales de despensa.

De esta manera, la amplia base trabajadora del Poder Judicial del Estado, cuyos salarios van de los 8,568 a los 18,358 pesos mensuales recibieron el mencionado 10% de incremento en sus percepciones salariales. Mientras que, quienes tengan un ingreso mensual mayor a los 18,358 pesos tuvieron un aumento del 5% en sus ingresos y 10% en sus prestaciones.

El incremento del 10% para la amplia base trabajadora del Poder Judicial no tiene precedente alguno, al menos en los últimos 10 años, pues de 2014 a la fecha se habían dado aumentos de 2, 3 y 4 %, siendo los mayores los de 5, 6 y 7%, que se otorgaron en 2024, 2017 y 2018, respectivamente…(OGY)

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· Recibe el Gobernador Joaquín Díaz Mena el Informe de Actividades 2023-2024 del fiscal general del Estado, Juan Manuel León León.

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena recibió el Primer Informe de Actividades del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Manuel León León, en un acto que refrenda el compromiso y la colaboración por la justicia y la preservación de la paz en Yucatán.

En el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal encabezó el acto de entrega por parte del fiscal del Estado, a quien le reiteró que su administración tiene toda la voluntad de apoyar a esta instancia en todo lo necesario para garantizar que su labor se desarrolle con autonomía, rapidez, eficiencia y cercanía con la gente.

“El acceso a la justicia no debe depender de la posición social, del poder económico o de la cercanía con las instituciones; la justicia tiene que ser para todos, no solo para unos cuantos. No puede ser lenta, indiferente, ni un privilegio al que pocos tienen acceso”, aseveró.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo estatal apuntó que la justicia no es un trabajo aislado, sino un esfuerzo conjunto que requiere la coordinación entre las distintas instituciones de justicia y seguridad de los tres órdenes de gobierno, cada uno con una tarea fundamental.

“Sabemos que la justicia es la base de la confianza que tiene la sociedad en sus instituciones. Yucatán ha crecido y, con ese crecimiento, también han crecido sus retos. Asumamos juntos y con responsabilidad esta realidad; no podemos permitirnos quedarnos en la queja o la inmovilidad”, afirmó Díaz Mena.

El Gobernador llamó a trabajar en equipo por la prevención y para llevar juntos una mejor justicia al pueblo, “porque sin justicia no hay confianza y sin confianza no hay paz”.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León, señaló que la FGE se está transformando en una institución ciudadana, por lo que agradeció al Gobernador por su acompañamiento y la coordinación en este proceso.

“Estamos avanzando con pasos sólidos y hemos sentido el apoyo del Gobierno del Estado para fortalecer la procuración de justicia y hacer que el pueblo se sienta acompañado y respaldado por sus instituciones de justicia y seguridad”, apuntó.

En el evento participaron el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Omar Pérez Avilés; el consejero jurídico del estado, Gaspar Alemañy Ortiz; los subsecretarios de Prevención y Reinserción Social, Hernán Jesús Vega Burgos, y de Asuntos Políticos, Pablo José Castro Alcocer.

Por parte de la FGE, estuvieron el secretario técnico sustantivo de la Fiscalía, David Cetina Manrique; la vicefiscal de Prevención del Delito, Justicia Alternativa y Atención Ciudadana, Yazmín Polanco Uribe; el vicefiscal especializado en Justicia para Adolescentes, Rafael Pinzón Miguel; así como los vicefiscales de Investigación y Litigación A, Arturo Ambrosio Herrera, y B, Nora Patricia Cauich May…,(OGY)

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Afirman que están litigando el asunto ante el Juez Mercantil y esperan a que se dicte sentencia / En tanto se resuelve el caso carecen de autorización para operar las propiedades.

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

Para resolver el conflicto por la posesión del caso de los hoteles Mayaland y The Londge at Chichén Itzá se espera la ejecución de la orden de entrega de los inmuebles con la coordinación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo la diligencia.

El representante legal del caso Mayaland, Gerardo Ostos Rincón Gallardo, sostuvo que quedó acreditado que, a la luz de diversas resoluciones judiciales, emitidas por Tribunales de distintas materias, grado y fuero, el único derecho de posesión jurídica le corresponde al señor Fernando Barbachano y que Inmobiliaria R4 no tiene derecho alguno para operar los hoteles de Chichen Itzá.

Indicó que lo único que falta para resolver el conflicto por la posesión es la ejecución de la orden de entrega, y se espera que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública se coordinen a la brevedad para realizar la diligencia.

Gerardo Ostos refirió que la defensa de Inmobiliaria R4 informó que están litigando el asunto ante el Juez Mercantil y esperan a que se dicte sentencia, lo cual implica que admiten que ninguna autoridad les ha reconocido derecho o autorización para ocupar los hoteles, por ello se espera que lo desocupen pacífica y voluntariamente en lo que esperan el resultado del juicio.

De esta forma, señaló, se permitiría buscar soluciones o alternativas en los procesos penales, y facilitaría sobremanera la labor de la Fiscalía en el caso…(OGY)

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– Inician análisis de reformas en educación, derechos indígenas, ​​salud mental y más.

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación distribuyeron a las y los Diputados integrantes 10 iniciativas para iniciar el proceso de análisis, estudio y discusión.

La iniciativa que reforma y adiciona diversas fracciones a la Ley de Educación para establecer la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua maya.

Así como, modificaciones a la Constitución Política estatal para reconocer la lengua maya como idioma oficial.

También, se analizará la iniciativa para reformar y adicionar párrafos a diversas fracciones de la Constitución respecto a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de Yucatán.

Otra, para modificar el artículo 2 de la Constitución Estatal para proteger y reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQA+.

Se entregó a las y los integrantes la iniciativa para el Reconocimiento Constitucional del Derecho a la Salud Mental, por lo que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política de Yucatán.

Asimismo, distribuyeron la iniciativa para reformar el artículo 43 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo fracción XIII, así como el primer párrafo de esta, para cambio de su nomenclatura.

De igual manera, el proyecto para reformar el primer párrafo y la fracción II del artículo 70 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.

Distribuyeron la iniciativa para expedir la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado.

También, se entregó la iniciativa relacionada al bienestar animal, reformando el artículo 95 de la Constitución local.

Por último, la iniciativa que reforma el artículo primero de la Constitución estatal referente al Derecho al Cuidado Digno.

Para todos los proyectos, el Presidente de la Comisión, Diputado Alejandro Cuevas Mena solicitó la elaboración de fichas técnicas y cuadros comparativos de las iniciativas.

Comisión de Justicia y Seguridad Pública

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública realizó la distribución de la iniciativa referente a la dignidad póstuma, para lo cual solicitan la modificación del último párrafo y fracción VI del artículo 231 del Código Penal del Estado de Yucatán.

Para esto, la Presidenta Diputada Estefanía Baeza Martínez solicitó la elaboración de una ficha técnica y cuadro comparativo…(OGY)

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100 días legislando con el compromiso de mejorar la calidad de vida y proteger los derechos de los yucatecos

De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.

Salud, seguridad, cultura, equidad de género, espacios de recreo dignos, libertad financiera, igualdad de oportunidades para personas mayores o con alguna discapacidad y reducir la deuda pública son algunos de los temas que integran la agenda de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Yucatán.

Al cumplirse los primeros cien días de labor legislativa, Javier Osante Solís y Larissa Acosta Escalante, destacaron las acciones emprendidas en este tiempo como representantes ciudadanos ya que las iniciativas presentadas son la voz de las personas.

En ese sentido Acosta Escalante, hizo énfasis en las iniciativas presentadas durante este período, como lo es el bono cultural joven y extensión de paternidad.

“Desde el primer día, nos comprometimos a impulsar propuestas que hagan la diferencia: Queremos que el arte y la cultura dejen de ser un lujo y sean accesibles para todas y todos. Con la extensión de paternidad dejamos claro que un padre presente no solo es un derecho sino una necesidad.”

Acosta Escalante comentó que iniciativas como la de Diabetes Mielitus (DM1) es un tema de justicia social, ya que las familias de los niños u adolescentes que la padecen tienen que erogar más de 11 mil pesos al mes. Se busca conocer el mapa de la enfermedad en la entidad y que la secretaría de salud apoye en lo económico o en especie.

Los representantes ciudadanos explicaron que la labor que realizan en el Poder Legislativo, se ha materializado con siete iniciativas de Ley y dos puntos de acuerdo

Javier Osante Solís, coordinador de la fracción naranja, señaló que en cuanto a la deuda pública, se propuso darle al Poder Legislativo la facultad de revertir un préstamo cuando no se haya usado en un tiempo razonable.

Referente a las microempresas se presentó una iniciativa para entregar un apoyo de 4mil pesos bimestrales, a quienes cumplan con sus obligaciones tributarias, y , quienes aún no pagan impuestos darles un semestre para pasar de la informalidad a la formalidad y asi premiar la constancia y esfuerzo de los emprendedores.

También se propuso el exento de pago del impuesto sobre la nómina, durante seis meses, para personas físicas o morales que contraten a jóvenes, madres autónomas, adultos mayores o personas con discapacidad.

Otra iniciativa es que el Gobierno del Estado y Ayuntamientos destinen para adultos de 60 años y más, el 3% de los nuevos empleos.

Los puntos de acuerdo presentados fueron el rescate y vigilancia del Paseo Verde y el llamado a l Japay para resolver fugas de agua, en un lapso maximo de 24 horas.

Además se presentó una solicitud de recursos extraordinarios para la reconstrucción de calles.

“Legislar no es solo proponer; también es defenderte. Por eso, hemos votado en contra de iniciativas que afectan tus derechos, como:La prisión preventiva oficiosa. La desaparición de organismos autónomos. La reforma judicial, que busca concentrar el poder en unas pocas manos” señaló Javier Osante.

Los legisladores destacaron el respaldo a iniciativas que benefician a las y los ciudadanos, como son la reforma de vivienda; la de bienestar animal asi como la reforma de igualdad sustantiva.

Larissa Acosta y Javier Osante advirtieron que como representantes ciudadanos su alianza es con la ciudadanía, para construir un mejor futuro para Yucatán…(OGY)

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De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán, 7 de octubre  2022.-

Al dirigir un mensaje a los yucatecos, el Gobernador, Mauricio Vila Dosal, recordó que, como bien es sabido, en mayo pasado, el Gobierno Federal anunció un aumento salarial para los trabajadores federalizados, pero este no tomaba en cuenta a las y los trabajadores de la educación estatal.

Como un acto de justicia y haciendo un gran esfuerzo con recursos propios estatales, Vila Dosal anunció que el próximo 20 de octubre se hará efectivo el incremento salarial, dispuesto por el Gobierno Federal, para apoyar a los docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (Paaes) que no están federalizados.

Sin embargo, dijo, en un acto de justicia y como parte de un importante esfuerzo por parte del Gobierno estatal, este beneficio se hará extensivo con recursos estatales a los docentes y PAAES no federalizados.

Para hacer esto posible, continuó el Gobernador, su administración destinará más de 99 millones de pesos, con lo cual se estará beneficiando a alrededor de 7 mil trabajadores estatales de la educación.

Se verá reflejado en una nómina extraordinaria, donde se percibirá el incremento retroactivo desde el mes de enero hasta esta quincena.

En ese sentido, Vila Dosal reiteró que para lograr este esfuerzo se hizo equipo dialogando y acordando con los sindicatos de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (SETEY).

“Este esfuerzo presupuestal lo hacemos porque queremos reconocer el trabajo que realizan todos los días las y los trabajadores de la educación y porque son una pieza fundamental en el cambio y la transformación que estamos haciendo en Yucatán a través de la educación”, añadió el Gobernador.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Yucatán cumple su compromiso de atender las necesidades de los trabajadores del sector educativo de la entidad…(OGY)

SE CALIENTA LA POLÍTICA EN YUCATÁN

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