La muerte de “El Mencho” reabre el debate nacional sobre la violencia… y obliga a cuestionar si la paz yucateca es fortaleza institucional o una incógnita sin resolver.
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De la redacción/OGY: Mérida, Yucatán.
Mientras en diversas regiones del país se registran enfrentamientos, bloqueos y disputas territoriales tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, en Yucatán la vida transcurre con aparente normalidad.
No hay convoyes incendiando carreteras.
No hay cierres masivos de comercios.
No hay balaceras transmitidas en vivo.
La pregunta inevitable es: ¿por qué?
La caída de una figura central del crimen organizado suele desatar reacomodos violentos. La historia reciente lo demuestra: cada vacío de poder genera disputas internas y guerras por territorios.
Sin embargo, mientras estados del norte y occidente enfrentan tensiones tras el golpe a uno de los líderes criminales más influyentes del país, Yucatán mantiene indicadores de incidencia delictiva considerablemente más bajos que la media nacional.
Desde el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha insistido en que hoy sí se combate frontalmente a las estructuras criminales, algo que -según el discurso oficial- no se hizo con determinación en sexenios anteriores.
El argumento es claro: antes se administraba el problema; ahora se confronta.
Pero si la confrontación es real y nacional, ¿por qué el impacto no sacude a Yucatán?
Yucatán ha construido durante años una reputación de estado seguro. La percepción ciudadana así lo refleja. Las calles permanecen transitables a cualquier hora y la inversión inmobiliaria no se detiene.
Las autoridades estatales -de cualquier color- han defendido consistentemente su modelo policial y su coordinación con fuerzas federales.
Sin embargo, en el debate público -sobre todo en redes sociales y círculos políticos- persisten preguntas incómodas.
Algunos sectores se cuestionan si la paz absoluta es resultado exclusivo de estrategia y profesionalización? o si existen factores menos visibles que influyen en el equilibrio local.
El nombre de Luis Felipe Saiden suele aparecer en conversaciones políticas y rumores digitales, debido a su larga permanencia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en administraciones pasadas.
No existen pruebas públicas que acrediten acuerdos ilícitos ni señalamientos judiciales que respalden versiones de pactos con grupos criminales.
Sin embargo, el hecho de que tales especulaciones circulen revela una realidad: cuando la seguridad es atípicamente estable en medio del caos nacional, la sospecha se convierte en tema de discusión.
Otra narrativa que circula –también sin sustento oficial- señala que zonas residenciales del norte de Mérida, como Gran Santa Fe o Las Américas, presentan mayor presencia policiaca, el argumento oficial es por la densidad poblacional, plusvalía y dinámica urbana.
La explicación conspirativa habla de intereses ocultos, pero entre ambas versiones hay un abismo.
Lo cierto es que hasta hoy no existe evidencia formal que confirme que grupos delictivos operen con protección institucional en el estado. Tampoco investigaciones federales abiertas que apunten en esa dirección.
Pero la pregunta social no desaparece: ¿es Yucatán un oasis blindado por estrategia o un territorio donde el crimen simplemente no confronta?
La historia mexicana ha demostrado que existen distintos modelos de “paz”: la que se impone con fuerza institucional, la que se logra con inteligencia preventiva y la que se mantiene mediante equilibrios frágiles.
En Yucatán, los índices oficiales colocan al estado entre los más seguros del país. Eso es medible.
Lo que no es medible son los rumores.
La muerte de “El Mencho” y el reacomodo nacional del crimen organizado obligan a mirar con lupa cada territorio. Si la violencia escala en otros estados y aquí no ocurre nada, la tranquilidad será celebrada… pero también examinada.
Porque la seguridad auténtica resiste auditorías, cuestionamientos y transparencia.
La paz verdadera no teme preguntas, y en tiempos de reconfiguración criminal, preguntar no es desestabilizar: es ejercer ciudadanía…(OGY)