¿Yucatán sigue siendo el estado más seguro?
El ataque armado en Dzilam González rompe el discurso oficial y deja más preguntas que respuestas
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José Pallotta/OGY: Mérida, Yucatán.
Durante años, Yucatán ha sido presentado -y presumido- como el estado más seguro del país, un oasis ajeno a la violencia del crimen organizado que golpea a otras entidades.
Sin embargo, los hechos ocurridos en Dzilam González obligan a replantear esa narrativa que hoy comienza a mostrar grietas preocupantes.
El ataque armado que dejó a tres personas muertas, entre ellas dos yucatecos -sin vínculo alguno- con el crimen, no solo sacudió a una comunidad tranquila del oriente del estado; también puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿ya se rompió el cerco de seguridad que durante años se aseguró blindaba a Yucatán?
Violencia importada… y víctimas locales
De acuerdo con la información disponible, el objetivo del ataque era un presunto integrante de una célula criminal originaria de Quintana Roo.
La ejecución, sin embargo, terminó cobrando la vida de dos jóvenes yucatecos, víctimas colaterales de una violencia que, hasta hace poco, parecía ajena al estado.
No es un caso aislado. En años recientes se han documentado ejecuciones vinculadas a disputas entre grupos delictivos de Quintana Roo que han cruzado la frontera estatal: un taxista asesinado en Chicxulub Puerto, un hombre ejecutado mientras hacía ejercicio en Las Américas, y ahora, una ráfaga de balas en Dzilam González.
El patrón comienza a ser claro: las vendettas del crimen organizado ya no respetan límites territoriales.
Silencio institucional y comunicados en redes
Tras la triple ejecución, la Secretaría de Seguridad Pública activó el llamado código rojo y desplegó operativos en distintos puntos del estado.
Sin embargo, lo que no ocurrió fue una rueda de prensa formal para informar con claridad, de frente y con datos verificables, a la ciudadanía.
En su lugar, la información ha fluido principalmente a través de comunicados difundidos en redes sociales, una práctica que, aunque útil, no sustituye la responsabilidad del Departamento de Prensa de la SSP ni el deber institucional de dar la cara ante hechos de esta magnitud.
Mientras circulan versiones extraoficiales, detenciones fragmentadas y rumores que crecen al amparo del vacío informativo, la autoridad guarda silencio público.
¿Paz negociada o paz frágil?
En redes sociales y conversaciones de pasillo resurgen viejos rumores: que Yucatán se ha convertido en un refugio seguro para familias de integrantes del crimen organizado; que existe una especie de pacto no escrito para mantener la violencia fuera del estado mientras esas familias permanezcan aquí.
No hay pruebas públicas que confirmen estas versiones. Pero el simple hecho de que se repitan y cobren fuerza revela un problema de confianza que la autoridad no ha sabido o no ha querido atender con transparencia.
Un hecho “atípico”, dice el gobierno
El gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena calificó lo ocurrido como un “hecho atípico” y lamentó los asesinatos. Sin embargo, mientras el discurso oficial insiste en la excepcionalidad, los hechos comienzan a acumularse y la SSP aún no presenta públicamente a todos los sicarios detenidos ni ofrece una versión integral de lo ocurrido.
La seguridad no se defiende solo con operativos, retenes y códigos rojos. También se sostiene con información clara, rendición de cuentas y comunicación directa con la sociedad.
Yucatán sigue siendo, en comparación nacional, un estado con bajos índices delictivos. Pero negar que algo está cambiando sería irresponsable.
La pregunta ya no es si el discurso de seguridad se puede sostener, sino cuánto tiempo más podrá hacerlo sin ajustes, sin autocrítica y sin transparencia. Porque cuando las balas alcanzan a inocentes, el problema deja de ser “atípico” y se convierte en una advertencia…(OGY)