El conflicto legal se remonta a varios años atrás; autoridades cumplen orden judicial para restituir propiedades a Fernando Barbachano Herrero, como lo ha documentado El Observador Gráfico Yucatán
De la redacción/OGY: Chichén Itzá, Yucatán.
Luego de un prolongado conflicto legal por la posesión de dos emblemáticas propiedades turísticas en la zona arqueológica de Chichén Itzá, este miércoles finalmente se ejecutó una diligencia ministerial que marca un paso firme hacia la justicia.
Se trata de la entrega física y material de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá a favor de Fernando Eugenio Barbachano Herrero, quien durante años ha litigado por la recuperación de sus bienes.
El operativo fue realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), en cumplimiento de una solicitud de colaboración de las autoridades ministeriales de Quintana Roo.
La diligencia se realizó en cumplimiento de una resolución judicial emitida por la Juez de Control del Distrito Judicial de Cancún, como parte de la carpeta administrativa 768/2022, fechada el 29 de abril de 2025, la cual ordena de manera expresa la entrega inmediata de los bienes inmuebles y muebles en cuestión.
Un caso que ha sido seguido durante años
Este conflicto por la posesión de los históricos hoteles no es reciente. Se ha extendido por varios años entre litigios, acusaciones y procesos legales, en los que ha estado en juego no sólo el patrimonio de una familia, sino también el control de dos establecimientos turísticos icónicos en la historia de Yucatán y del turismo nacional.
El Observador Gráfico Yucatán ha dado puntual seguimiento a este caso desde sus inicios, documentando las múltiples etapas del conflicto, así como las denuncias públicas y judiciales hechas por Fernando Barbachano Herrero para recuperar lo que ha señalado como una injusta desposesión.
Intervención interinstitucional en busca de justicia
La intervención de las autoridades yucatecas se dio en estricto apego a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con la información oficial, la FGE Yucatán actuó conforme a los términos y protocolos requeridos por sus homólogos de Quintana Roo, en una diligencia que no solo representa la ejecución de una orden judicial, sino también un mensaje claro sobre la colaboración entre entidades para hacer valer la ley.
Con esta entrega material, se cierra un capítulo importante del litigio, aunque todavía podrían quedar procesos legales pendientes. Para los involucrados y para quienes han seguido el caso por años, este acto representa un paso relevante en la lucha por restituir derechos y hacer justicia…(OGY)