Gobierno lo advirtió primero; ahora Movimiento Ciudadano lo ratifica: crece la presión por el caso “Las Dunas” en Chuburná
Joaquín Díaz Mena ya había solicitado la intervención de Semarnat y Profepa; ahora Movimiento Ciudadano presenta una denuncia popular y exige frenar el desarrollo inmobiliario / En medio del escenario rumbo a las elecciones de 2027, distintos actores políticos coinciden en que la prioridad debe ser la protección del ecosistema costero de Yucatán.
José Pallotta / OGY Mérida, Yucatán
“Gobierno de Joaquín Díaz Mena ya lo había denunciado, hoy Movimiento Ciudadano (MC) lo ratifica”. El conflicto ambiental por el proyecto inmobiliario “Las Dunas”, en Chuburná Puerto, continúa escalando y suma un nuevo capítulo con la denuncia popular presentada por Movimiento Ciudadano ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde solicita la suspensión definitiva de las obras por el presunto daño al ecosistema costero.
El posicionamiento del partido naranja ocurre apenas unos días después de que, el pasado 25 de julio, el Gobierno del Estado de Yucatán solicitara formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones federales otorgadas al proyecto, al tiempo que recordó que los dictámenes estatales establecen la obligación de preservar el manglar, el humedal costero y la duna costera de Chuburná.
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Con ello, el tema deja de ser únicamente una discusión entre autoridades ambientales y desarrolladores inmobiliarios para convertirse en un asunto que comienza a reunir coincidencias entre distintos actores políticos.
La denuncia presentada por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, cuenta con el respaldo de la dirigencia estatal encabezada por Vida Gómez Herrera, quienes sostienen que el desarrollo contempla la construcción de 74 departamentos distribuidos en seis torres, además de restaurante y diversas amenidades sobre el primer cordón de dunas, una zona considerada estratégica para la protección natural del litoral frente a huracanes y tormentas.
Según el documento entregado a la Profepa, la obra también representa un riesgo para 271 especies que habitan
esa franja costera, entre ellas 19 endémicas, además de especies protegidas como la tortuga carey y el colibrí tijereta.
Movimiento Ciudadano fundamenta su denuncia en diversos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, al considerar que el proyecto podría vulnerar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, además de incumplir disposiciones contempladas en el Acuerdo de Escazú, el Protocolo de San Salvador, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Vida Silvestre, la NMX-AA-120-SCFI-2016, que restringe construcciones sobre dunas primarias, y la NOM-162-SEMARNAT-2012, relativa a la protección de zonas de anidación de tortugas marinas.
Aunque en días recientes la autoridad ambiental colocó sellos de clausura temporal en el predio, para la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano esa medida resulta insuficiente.
“Para Movimiento Ciudadano los sellos no son una garantía suficiente si no van acompañados de un proceso legal contundente”, expresó Vida Gómez Herrera.
Entre las peticiones formuladas por el partido destacan la realización de inspecciones oculares para documentar el uso de maquinaria pesada y los daños a la vegetación nativa, la elaboración de un dictamen técnico especializado sobre la fragmentación del ecosistema y el impacto a la biodiversidad, así como la suspensión definitiva de las obras hasta que exista una evaluación ambiental integral y una consulta previa e informada a la comunidad.
La protección ambiental entra al debate rumbo al 2027
En el plano político, resulta significativo que tanto el Gobierno del Estado como un partido de oposición coincidan en la necesidad de revisar a fondo un proyecto que ha generado preocupación entre especialistas, habitantes y organizaciones ambientales.
A menos de un año del arranque formal de los procesos electorales de 2027, es positivo que las diferencias partidistas queden en segundo plano cuando se trata de defender el patrimonio natural de Yucatán.
Si esta coincidencia deriva en acciones concretas para proteger los manglares, humedales y dunas costeras, el principal beneficiado será el ecosistema y las futuras generaciones.
Porque más allá de los colores partidistas, la conservación del medio ambiente debería convertirse en una causa común, donde el interés colectivo prevalezca sobre cualquier interés político o económico. Y en este caso, el Gobierno de Joaquín Díaz Mena ya había encendido las alertas; ahora Movimiento Ciudadano se suma a esa exigencia, reforzando el llamado para que las autoridades federales actúen con firmeza...(OGY)